“Exigimos aplicar la ley, en el marco de Constitución Política del Estado, y poner orden para la detención de Evo Morales y toda su rosca que encabeza las marchas y bloqueos”, señala un punto del pliego.

Este miércoles, tras una marcha que comenzó en la ciudad de El Alto, diversos sectores sociales que conforman la Asamblea de la Alteñidad llegaron a la Casa Grande del Pueblo para entregar un pliego de demandas al Gobierno de Luis Arce.

La delegación estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta, y el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Juan Saucedo, quienes hicieron entrega del documento a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca.

Demandas principales

El pliego, que consta de diez puntos, incluye varias demandas clave, entre las que se destaca el rechazo al bloqueo de caminos anunciado por una facción “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), que según los manifestantes, podría provocar desabastecimiento de productos y afectar a la población en general.

“Exigimos aplicar la ley, en el marco de la Constitución Política del Estado, y poner orden para la detención de Evo Morales y toda su rosca que encabeza las marchas y bloqueos, que provoca zozobra, miedo y afecta a los hogares de las familias bolivianas”, señala uno de los puntos del pliego.

Los sectores sociales expresaron su preocupación por el impacto que estas acciones de bloqueo pueden tener en la economía local y en la calidad de vida de los ciudadanos, subrayando la necesidad de restablecer el orden y garantizar la libre circulación de bienes y personas.

Reacción del Gobierno

Aún se espera una respuesta oficial del Gobierno a estas demandas. La ministra María Nela Prada aseguró que el Ejecutivo está comprometido a escuchar a todos los sectores de la población y buscar soluciones que permitan la paz y la estabilidad en el país.

Contexto y seguimiento

La entrega de este pliego de demandas se da en un contexto de creciente tensión política en Bolivia, donde las movilizaciones y los bloqueos han vuelto a resurgir, polarizando aún más la situación social.

La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos están atentas a la evolución de estos acontecimientos, instando a un diálogo pacífico y constructivo entre las partes.