En respuesta a la reciente decisión de emitir una tercera sentencia por parte de la Sala Constitucional, Efraín Suárez, Asesor de Gestión Institucional, ofrece sus reflexiones. Afirma que, desde una perspectiva estrictamente legal, el fallo se considera imposible de cumplir debido a numerosas inconsistencias en su texto.

Suárez señala que el concepto de "suplencia legal" utilizado en la decisión no existe dentro del marco legal, ya que la ley reconoce "suplencia temporal" y "suplencia gubernamental". Destaca que el fallo no considera la Ley 293, que el Movimiento al Socialismo (MAS) puede no favorecer, pero existe y debe ser abrogada antes de cualquier intento de imponer un gobernador.

Respecto a posibles acciones legales, Suárez argumenta que la ejecución del fallo es inalcanzable dentro de los parámetros legales y cualquier recurso a las fuerzas del orden violaría los derechos constitucionales. Subraya la necesidad de que Santa Cruz se adhiera a la democracia y a los principios legales, instando a la Asamblea Legislativa Departamental a evaluar la situación y decidir si cumplir con un fallo impracticable.

Cuando se le pregunta sobre los esfuerzos para dialogar con Mario Aguilera, el ejecutivo de la gobernación, Suárez aclara que cualquier diálogo debe dirigirse al gobernador, Luis Fernando Camacho, quien está actualmente detenido. Revela que el gobernador no ha recibido visitas del vicegobernador y no ha estado presente en audiencias virtuales. Suárez enfatiza que el gobernador sigue comprometido con la resistencia democrática contra lo que percibe como un intento de imponer un relato falso de un golpe.

Respecto a la presencia policial en la gobernación autónoma, Suárez descarta la amenaza de la fuerza policial, afirmando que el fallo es legalmente inaplicable. Anima a adherirse al estado de derecho y a una resistencia firme contra lo que considera un intento de distorsionar los eventos de 2019.

Suárez concluye reiterando que el aspecto legal es crítico, destacando la existencia de la Ley 293 y enfatizando la necesidad de respetar los principios legales y la voluntad democrática de Santa Cruz.