Rómulo Calvo fue condenado a 4 años y Roberto Fernández a 5 años

El abogado Martín Camacho, representante legal de Calvo, ha expresado su preocupación y críticas hacia la sentencia emitida por la juez tercero de sentencia, la doctora Gabriela Cuéllar. Según Camacho, esta sentencia resulta incongruente y absurda, considerando las pruebas que, en su opinión, desvirtúan la participación del doctor Rómulo Calvo en un proceso de expropiación que se remonta al año 1983.

La sentencia, que ha sido condenatoria, no solo ha sido objeto de críticas por su aparente incoherencia, sino que también tiene implicaciones sociales y legales que preocupan al equipo de defensa. Camacho destaca que la condena, más allá de su contenido, podría resultar en la anulación de los títulos de propiedad de millones de personas que residen en la zona del plan 3000.

El abogado recalca que este caso no es nuevo, sino que ha sido objeto de un proceso judicial que ha llevado más de 18 años, con una sentencia absolutoria que fue confirmada en su momento. Sin embargo, este proceso fue reabierto en los últimos tres años a instancias del Ministerio o Viceministerio de Transparencia, entidades que no habían participado en acusaciones anteriores.

Camacho menciona que, a pesar de la falta de acusación particular por parte de estas entidades, la autoridad jurisdiccional permitió su participación en el juicio. Destaca la importancia de lo que sucederá con las familias del plan 3000 una vez que esta sentencia se convierta en ejecutoria y se anule el proceso de expropiación iniciado en el año 1983.

Sobre la condena de cuatro años impuesta a Calvo, Camacho explica que podría resultar en su privación de libertad. Sin embargo, subraya que el foco de atención debe estar en el destino de las familias de la zona del plan 3000.

El abogado indica que, tras la lectura de sentencia, presentarán una impugnación dentro del plazo otorgado por la ley. La sentencia se leerá el viernes y están a la espera de lo que decida el tribunal departamental de Justicia. Camacho sostiene que confían en que el tribunal reconocerá la falta de fundamento en la sentencia y respaldará su impugnación.

Finalmente, el abogado considera que esta sentencia es parte de una persecución política dirigida tanto contra el doctor Rómulo Calvo como contra el señor Roberto Ferrer.