El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha reiterado su convocatoria al diálogo con el objetivo de crear espacios de conversación que respeten la vida de todos los bolivianos. Esta acción se lleva a cabo en medio de un conflicto que ya ha provocado 19 días de bloqueos en diferentes puntos del país, además de la intervención de militares que ha exacerbado los niveles de violencia.

Callisaya anunció que, en el transcurso del día, se ha enviado una nueva nota al presidente Luis Arce y al exmandatario Evo Morales, instándolos a participar en este diálogo facilitado por la Defensoría del Pueblo. “Es esencial que se logre un encuentro pronto para detener los actos de violencia y garantizar el respeto a la vida e integridad de los bolivianos”, enfatizó.

En una declaración realizada esta mañana desde Cochabamba, Callisaya destacó la importancia de un diálogo permanente desde el inicio del conflicto. Explicó que se han realizado constantes llamados a la paz con el fin de encontrar soluciones que beneficien a la población.

En el contexto actual, el Defensor del Pueblo expresó su profunda preocupación por las agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa. Señaló que su institución está monitoreando la falta de garantías para este gremio. Como ejemplo, informó que el periodista Jorge Abrego se encuentra recibiendo atención médica en el hospital de Quillacollo tras un reciente incidente.

Callisaya hizo un llamado a todas las partes involucradas, instándolas a priorizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos. “Es fundamental que se abran a un diálogo sincero y constructivo que ponga fin a la conflictividad”, enfatizó.

Desde el inicio del conflicto, la Defensoría ha llevado a cabo un monitoreo constante, desplegando equipos en diferentes localidades. Recientemente, un equipo de profesionales atendió a transportistas varados en Confital (Cochabamba), proporcionando atención médica y suministros de agua. Otro grupo se dirigió a Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo, donde se supervisó la situación procesal de las 28 personas aprehendidas en la región.

Finalmente, Callisaya subrayó que “el Estado tiene la obligación de generar un espacio que permita resolver esta conflictividad”, reafirmando su compromiso con la atención de las demandas de los sectores sociales afectados en el país.