La Defensoría del Pueblo ha intervenido de manera significativa en el caso de 15 ciudadanos detenidos en Panduro, Oruro, obteniendo una victoria clave para el periodista G. H. C., quien fue arrestado bajo cargos de ejercicio ilegal de la profesión. La detención generó preocupación sobre el respeto a la libertad de prensa y los derechos individuales, lo que impulsó a la Defensoría, liderada por Pedro Callisaya Aro, a desplegar una serie de acciones para proteger estos derechos fundamentales.

En una intervención directa y firme, la Oficina Regional de El Alto de la Defensoría del Pueblo acudió a las audiencias cautelares y aseguró que el periodista, aunque seguirá enfrentando un proceso, pueda defenderse en libertad. Ericka Maldonado, representante de la Defensoría, resaltó la importancia de cumplir con el debido proceso, especialmente en casos que involucran acusaciones de violación de derechos laborales o profesionales, y enfatizó que esta medida responde al compromiso de la institución de velar por los derechos humanos en todo el país.

El periodista fue inicialmente detenido bajo la premisa de no estar debidamente acreditado, aunque presentó documentación que respalda su rol en el medio de comunicación en cuestión. La Defensoría intervino en cada etapa del proceso, gestionando ante instituciones como la FELCC y los juzgados correspondientes para asegurar que no se vulneraran los derechos del detenido. La intervención fue clave para que el juez determinara la “libertad pura y simple” del periodista, permitiéndole continuar su labor sin medidas restrictivas.

Además, el equipo de la Defensoría mantuvo un seguimiento cercano del tratamiento a los otros detenidos y verificó su traslado a las instalaciones de la FELCC en El Alto, donde se les brindó apoyo legal y se supervisaron las condiciones de su reclusión. Maldonado afirmó que el equipo de la Defensoría permanecerá atento al desarrollo del proceso y se mantendrá en calidad de veedores para asegurar una evaluación objetiva y justa en futuras audiencias.

Para atender cualquier denuncia sobre vulneración de derechos humanos, la Defensoría habilitó una línea gratuita, 800-10-8004, y un número de WhatsApp (72039523) disponible para los habitantes de El Alto. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la institución para facilitar el acceso a la justicia y asegurar que cada ciudadano boliviano cuente con la protección que le garantiza la ley.