Como parte de su compromiso con los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó el departamento de Santa Cruz, donde se reunió con representantes y caciques de las comunidades de Alto y Bajo Paraguá. Este encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Diócesis de San Ignacio de Velasco y contó con la presencia de líderes indígenas, quienes recorrieron aproximadamente 160 kilómetros a pie para visibilizar sus demandas en defensa de su territorio y derechos.

Durante su visita, Callisaya enfatizó la importancia de dar seguimiento a estos temas, señalando que "los derechos humanos de los pueblos indígenas merecen una especial atención por su situación de vulnerabilidad". Esta visita de la Defensoría del Pueblo se alinea con los esfuerzos de las comunidades de Alto y Bajo Paraguá, quienes, a través de la "Marcha Indígena por el Territorio Ancestral de la Chiquitanía," buscan protección y respeto hacia su tierra ancestral y apoyo de los tres niveles de gobierno.

La marcha comenzó el pasado 24 de octubre y culminó en un acto público en San Ignacio de Velasco, donde los representantes indígenas expusieron sus preocupaciones ante la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Sheila Gómez. Durante el encuentro, las comunidades indígenas presentaron un pliego petitorio que aborda problemas urgentes que afectan su calidad de vida, la preservación de sus territorios, y su bienestar comunitario.

Principales puntos del pliego petitorio

La petición indígena contempla doce demandas específicas, con un enfoque en la defensa de su territorio y la implementación de políticas públicas que consideren la consulta previa y el consentimiento libre e informado de sus comunidades. A continuación, se presentan los puntos clave del documento:

Incendios forestales: Las comunidades solicitan medidas inmediatas para combatir y prevenir los incendios forestales, que impactan directamente en sus tierras y en el ecosistema local, crucial para su subsistencia.

Protección de recursos hídricos en Alto Paraguá: Exigen que el Estado proteja y conserve las fuentes de agua en la región, vitales para el equilibrio ecológico y el consumo humano.

Pausa ambiental: Proponen la adopción de una pausa ambiental que limite actividades de explotación en áreas vulnerables para evitar daños irreversibles al entorno.

Defensa del territorio ancestral: Requieren la protección oficial de sus tierras ancestrales para garantizar el sustento de sus comunidades y preservar su patrimonio cultural.

Consulta previa e informada: Solicitan que cualquier intervención en sus territorios sea realizada mediante un proceso de consulta previa que incluya su consentimiento libre e informado, respetando su autodeterminación.

Asignación de ítems: Piden la asignación de recursos humanos en áreas clave como la educación y la salud, para mejorar los servicios básicos en sus comunidades.

Mantenimiento de carreteras: Instan al mantenimiento del tramo carretero entre Carmen de Ruiz y Campamento Florida para facilitar el transporte y acceso a servicios esenciales.

Señal de Entel: Demandan la instalación de señal de telefonía móvil, en específico de la empresa Entel, para mejorar la comunicación y conectividad de la región.

Infraestructura: Solicitan mejoras en infraestructura básica, que incluya centros de salud, educación y puntos de abastecimiento.

Educación: Requieren apoyo en educación mediante la creación de escuelas y la capacitación de docentes, para garantizar un acceso educativo de calidad.

Economía verde: Proponen fomentar actividades económicas sostenibles que respeten el medio ambiente, apoyando la conservación de sus recursos naturales.

Acceso al río Paraguá: Exigen el derecho al acceso libre y seguro al río Paraguá, recurso crucial para su subsistencia y actividades diarias.

Gestión de mesas técnicas y coordinación con el Estado

La Defensoría del Pueblo ha coordinado la creación de mesas técnicas de trabajo, en las que participan tanto las autoridades municipales como instituciones clave, tales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Este esfuerzo se complementa con una solicitud formal dirigida a la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que el pliego petitorio sea tratado con la urgencia y atención necesarias por los niveles competentes del Estado.

El Defensor del Pueblo reafirmó su compromiso de mantener a la institución como veedora en este proceso y de trabajar activamente en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Alto y Bajo Paraguá, asegurando que la atención a sus demandas sea prioritaria en la agenda estatal.