En una sesión legislativa cargada de controversia, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la Ley 075 antiprórroga con el respaldo de legisladores del evismo, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, bajo la presidencia de Andrónico Rodríguez.

Esta ley busca cesar de sus funciones a magistrados y consejeros del Órgano Judicial en Bolivia.

La aprobación de la ley desencadenó una fuerte reacción por parte de dirigentes sociales afines a Evo Morales, quienes convocaron a una conferencia de prensa para hacer un llamado al presidente Luis Arce.

En palabras de Ramiro Cucho, uno de los líderes evistas, "Señor presidente, ayer se aprobó esta ley. Tiene 10 días para promulgarla según la Constitución. Si no lo hace, nos veremos en las calles por un cambio en la administración de justicia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia". Cucho acusó al Gobierno de proteger a los magistrados prorrogados para utilizar la justicia con fines políticos.

A pesar de la aprobación en la ALP, la legalidad de la sesión ha sido cuestionada. Minutos antes de su realización, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de nulidad y ordenó la suspensión de la sesión.

Sin embargo, Rodríguez hizo caso omiso a esta resolución, argumentando que corresponde asumir la presidencia de la ALP mientras el presidente Arce se encuentra en Rusia y el vicepresidente Choquehuanca ejerce funciones presidenciales.

La situación refleja una creciente polarización política en Bolivia, con sectores del evismo y otros partidos políticos respaldando la ley para reformar el Órgano Judicial, mientras que críticos y el TCP plantean dudas sobre la legalidad del proceso legislativo.

La amenaza de movilizaciones por parte de los evistas evidencia la intensificación de las tensiones y la presión sobre el presidente Arce para tomar una decisión respecto a la promulgación de la ley.