En un giro inesperado, Fernando Larach, Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha anunciado que Marco Serrate ha decidido sumergirse en la clandestinidad. Esta revelación ilumina una situación que afecta profundamente a la familia y conocidos de Serrate.

La gravedad de esta decisión se amplifica al considerar el papel que Serrate desempeñaba en la seguridad del actual Gobernador del departamento de Santa Cruz y presidente cívico, Luis Fernando Camacho.

Este episodio añade una nueva pieza al rompecabezas de la persecución política que enfrentan los ciudadanos bolivianos bajo un gobierno que parece contradecir los valores democráticos. El sistema judicial y policial parecen emplearse de manera abusiva para sofocar voces disidentes.

En su testimonio, Serrate sugiere la posibilidad de un nuevo caso de terrorismo en su contra, rememorando el previo caso falso de terrorismo que afectó a numerosas familias bolivianas. Esto da pie a la posibilidad de un patrón similar en esta coyuntura.

Serrate es contundente en su negación de participación en cualquier tipo de conspiración. Además, expresa profunda preocupación por la seguridad de su familia, subrayando que el entorno político en Bolivia se aleja de los principios democráticos que deberían ser pilares fundamentales del país.

Este segundo testimonio de Serrate en esta dirección enfatiza las tensiones políticas en Bolivia. La repetición de esta situación absurda subraya aspectos preocupantes. A pesar de haber testificado previamente, la necesidad de hacerlo nuevamente refleja la seriedad de la situación.

En medio de la polémica, el video compartido por Serrate desata debates. En él, Serrate expone sus inquietudes y temores, incluyendo la posibilidad de persecución y riesgos para su familia. Esto choca frontalmente con los principios democráticos que deberían ser la base del país y resalta la contradicción en el Gobierno de Luis Arce Catacora, que parece alejarse de estos valores.

La situación política actual en Bolivia ha dejado un panorama desolador, con alrededor de 302 perseguidos políticos, muchos de los cuales han optado por el exilio. Esto es consecuencia directa de la falta de garantías y la falta de independencia e imparcialidad en el órgano judicial. Si el sistema judicial operara siguiendo la normativa y de manera equitativa, los ciudadanos no se verían forzados a recurrir a medidas extremas como la clandestinidad o el exilio para escapar de la opresión y persecución ejercidas por el poder político en el país.