Asambleístas de oposición han enfatizado su posición de no aceptar más consultas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a los amparos de postulantes inhabilitados, que han provocado la paralización del proceso de preselección judicial.

Este pronunciamiento surge en medio de crecientes tensiones políticas y disputas legales sobre la validez de los amparos, que según la oposición, están obstaculizando el avance del proceso electoral.

Además de rechazar nuevas consultas al TCP, los legisladores opositores están exigiendo garantías concretas para asegurar la transparencia y eficacia de las elecciones judiciales.

Argumentan que estas garantías son fundamentales para restaurar la confianza pública en el sistema judicial y evitar interferencias que puedan comprometer la integridad del proceso electoral.