Por segunda vez en un mes, los Ponchos Rojos y afiliados de la Federación de la Tupac Katari han descendido de El Alto hacia la ciudad de La Paz en una marcha con el objetivo de recuperar su sede sindical, ubicada en la zona de San Pedro.

La movilización, que comenzó esta mañana, se enmarca en un contexto de creciente descontento por el aumento de precios de la canasta familiar y las condiciones socioeconómicas del país.

“Estamos bajando en marcha. Somos de la provincia Omasuyos y estamos aquí como dirigentes para protestar por el incremento de los precios.

Si el Gobierno no tiene la capacidad de solucionar los problemas del país, debe irse”, declaró Edwin Quispe, uno de los participantes en la marcha.

El pasado 2 de septiembre, los campesinos de las 20 provincias intentaron recuperar su sede, que, según denuncias, fue tomada por dirigentes afines al Gobierno de Luis Arce.

Durante esa jornada, la Defensoría del Pueblo informó que los manifestantes fueron gasificados de manera desmedida por las fuerzas del orden.

El 16 de septiembre, los manifestantes llevaron a cabo un bloqueo de caminos en la ruta La Paz-Copacabana, que se mantuvo de manera indefinida durante nueve días, antes de ser levantada la medida. Ahora, nuevamente se movilizan para reclamar la restitución de su sede.

“Nosotros no somos evistas. Este movimiento es netamente orgánico y sindical. Exigimos la anulación de la sentencia contra cuatro campesinos y la devolución de nuestra sede, que pertenece a las 20 provincias; no es del Gobierno ni de la Policía”, subrayó el ejecutivo de la Federación Tupac Katari.

La marcha, que avanza por la avenida Nacional Unidas, tiene como destino el centro paceño y luego se dirigirá a la zona de San Pedro.

Enrique Mamani, dirigente de los Ponchos Rojos, aseguró que la movilización es pacífica y hizo un llamado a la Policía para que evite la represión, como ocurrió en la ocasión anterior.

Los manifestantes buscan no solo recuperar su sede, sino también visibilizar su descontento ante el Gobierno y exigir respuestas concretas a sus demandas.

La situación sigue siendo monitoreada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.