En una jornada marcada por la crisis ambiental, la Cámara de Senadores aprobó el jueves, por dos tercios de los votos de los senadores presentes, la abrogación de dos leyes clave relacionadas con el manejo de quemas y la restitución de bosques.

La sesión extraordinaria, realizada en el municipio de Uyuni, se enmarca en un contexto de intensos incendios forestales y creciente preocupación por la contaminación que afecta a la población boliviana.

La primera ley abrogada es la Ley 1171, que regulaba el uso y manejo racional de quemas. Esta norma había sido criticada debido a su papel en el aumento de las prácticas de quema en áreas forestales, lo que contribuyó significativamente a los recientes incendios y a la degradación ambiental.

La abrogación de esta ley es vista como una respuesta urgente para mitigar los daños ambientales y fomentar un enfoque más sostenible en el manejo de los recursos naturales.

En paralelo, el Senado aprobó la abrogación de la Ley 337, conocida como la “Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”. Esta ley, que data del 11 de enero de 2013, y sus modificaciones subsecuentes (Ley N° 502 de 26 de febrero de 2014, Ley N° 739 de 29 de septiembre de 2015, y Ley N° 952 de 26 de mayo de 2017), habían sido implementadas con el objetivo de apoyar la producción agrícola y promover la restitución de áreas forestales.

Sin embargo, las críticas señalaron que las disposiciones de estas leyes habían facilitado la expansión agrícola a expensas de los bosques, exacerbando la problemática de los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad.

La aprobación de estas abrogaciones se produce en un contexto de creciente presión social y ambiental. La sesión del Senado fue convocada en respuesta a la vigilia organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) frente al Congreso, en la Plaza Murillo.

Esta manifestación subraya la urgencia de adoptar medidas efectivas para proteger el medio ambiente y enfrentar los desafíos derivados de los incendios y la contaminación.

Con la aprobación de estas medidas, ambas leyes han sido remitidas a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior sanción.

La decisión de abrogar estas normativas refleja un esfuerzo por reorientar las políticas ambientales hacia prácticas más sostenibles y efectivas en la gestión de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas.

La Cámara de Diputados ahora tiene la responsabilidad de revisar y sancionar estas modificaciones, lo que podría marcar un cambio significativo en la política ambiental del país.

La aprobación de estas abrogaciones es un paso crucial en la respuesta del gobierno y del Legislativo a la crisis ambiental que enfrenta Bolivia, y se espera que impulse un enfoque renovado en la conservación y gestión de los recursos naturales.