En una decisión polémica, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han ordenado por segunda vez a la Asamblea Legislativa Plurinacional frenar el tratamiento del proyecto de ley 144 de elecciones judiciales. Además, han impuesto, sin lugar a debate, la decisión de prorrogarse en sus cargos más allá del mandato de seis años que les otorgó el voto ciudadano.

La medida fue tomada en un escenario de crisis y pugnas de poder dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). El magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano fue uno de los firmantes de la resolución de admisión que da lugar a la "solicitud de medida cautelar" presentada por su colega, Marco Ernesto Jaimes Molina, quien fue elegido presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Jaimes, en su solicitud, pide al TCP que ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se abstenga de tratar el proyecto de ley 144/2022-2023, sin adecuar o eliminar las disposiciones observadas por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional.

El Tribunal Supremo de Justicia argumenta que el Legislativo ha incurrido nuevamente en actos de inconstitucionalidad observados previamente en la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 049 del 11 de diciembre. La DCP 049 observó tres artículos y dos disposiciones adicionales del proyecto de ley, considerándolos contrarios a varios artículos de la norma suprema.