La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación por las recientes decisiones judiciales en Bolivia que anulan los procesos contra policías y militares implicados en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.

Los Tribunales de Sentencia Nº 4 de El Alto y Primero de Sacaba declararon la nulidad de los expedientes por supuesta incompetencia, decisión que fue ratificada el 9 de septiembre de 2025 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz.

Las entidades de derechos humanos advirtieron que esta medida podría generar impunidad y vulnerar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y efectiva.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) había documentado en 2019 al menos 20 muertes y múltiples heridos como resultado del uso excesivo de la fuerza por policías y militares. Además, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 denunció la utilización desproporcionada de fuerza, incluso con municiones letales, recomendando investigaciones prontas, independientes y exhaustivas, así como la reparación integral de las víctimas.

La CIDH y ONU Derechos Humanos instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de las anulaciones judiciales sobre los compromisos internacionales de derechos humanos, evitando demoras procesales que puedan favorecer la impunidad y asegurando medidas que garanticen verdad, justicia y reparación para los afectados.

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA encargado de promover y defender los derechos humanos en América, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos protege y promueve los derechos humanos a nivel global.