Los sectores del transporte público, especialmente mototaxistas y taxistas, encabezan la lista de priorizados para acceder al denominado seguro solidario activado por el Gobierno nacional para cubrir daños mecánicos atribuidos al uso de gasolina “desestabilizada”, según los acuerdos alcanzados en mesas técnicas entre YPFB y organizaciones del transporte.

Aunque no existe aún un reglamento formal publicado en sitios oficiales, el enfoque responde —de acuerdo con lo expuesto en las reuniones— al impacto social y económico que el problema generó en estos trabajadores, cuyos vehículos constituyen su herramienta directa de sustento.

Desde el 11 de febrero, representantes de YPFB, la aseguradora Unibienes y dirigentes del transporte sostienen encuentros para definir requisitos y ordenar el proceso de reclamos.

Las autoridades aclararon que el seguro no contempla pagos en efectivo, sino la cobertura de reparaciones en talleres autorizados, siempre que un peritaje técnico determine que el daño está vinculado al combustible.

El trámite será canalizado mediante talleres y ajustadores, no a través de desembolsos directos a los afectados.

Entre los requisitos consensuados figuran: RUAT o certificación alternativa, afiliación a federación, SOAT vigente, datos bancarios o billetera móvil, identificación del taller y facturas de reparación, declaración jurada y carnet de identidad, entre otros documentos.

Dirigentes señalaron que la lista fue trabajada con técnicos y ajustadores para agilizar la atención.

Si bien el alcance no excluye a vehículos particulares, la prioridad operativa inicial estaría enfocada en quienes demostraron afectación directa y dependen del motorizado para su ingreso diario.

Desde Unibienes indicaron que no brindarán detalles adicionales hasta que YPFB emita una comunicación oficial consolidada.