El Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia alcanzaron un acuerdo que permitió suspender las medidas de presión del transporte, tras varios días de bloqueos y paro parcial en el país.

El convenio establece que la UMSA será el ente encargado de fiscalizar la calidad de la gasolina y los combustibles, en calidad de instancia neutral. Además, se acordó un plan de rehabilitación vial de 125 millones de dólares, sujeto a la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa.

El acuerdo también contempla la normalización del abastecimiento de diésel y gasolina a nivel nacional, así como la agilización de los procesos de resarcimiento por daños en vehículos afectados por el mal estado de los combustibles.

El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, afirmó que existe un compromiso directo de las principales autoridades del Estado, incluido el presidente Rodrigo Paz Pereira, además de ministros y autoridades de hidrocarburos y transporte.

Sin embargo, el dirigente advirtió que el sector podría retomar bloqueos escalonados si los compromisos no se cumplen en el corto plazo, y trasladó parte de la presión a la Asamblea Legislativa para la aprobación de los recursos destinados a infraestructura vial.