La Aduana Nacional oficializó la desvinculación de cinco funcionarios que desempeñaban labores en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, tras identificarse que omitieron el control aduanero de 31 maletas pertenecientes a la exdiputada Laura Rojas. Además de la destitución, la institución presentó una querella penal contra los ahora exservidores públicos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, receptación, encubrimiento y corrupción pública, bajo instrucciones directas del presidente ejecutivo, Alberto Soto.

Las investigaciones señalan que la exlegisladora utilizó un pasaporte diplomático para evadir la revisión de su equipaje tras arribar en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. El cargamento, compuesto por 32 maletas, solo registró la inspección de una unidad, permitiendo que el resto del equipaje abandonara la terminal aérea sin la fiscalización correspondiente. La Aduana ratificó que no tolerará actos que vulneren la transparencia y la seguridad en los puntos de control fronterizo del país.

El caso tomó un giro crítico tras el hallazgo del equipaje en una empresa de seguridad vinculada al juez Hebert Zeballos, donde un operativo realizado el pasado 20 de enero logró el secuestro de 79 kilos de marihuana y maquinaria industrial para el procesamiento de sustancias controladas. Este hallazgo vinculó directamente la falta de control aduanero con una red de narcotráfico, evidenciando la gravedad de la omisión cometida por el personal desvinculado en el aeropuerto cruceño.

Actualmente, la exdiputada Laura Rojas cumple detención preventiva por 180 días en el centro penitenciario de Palmasola, medida que también alcanza al juez Zeballos y a otros tres implicados cercanos a la autoridad judicial. Con la querella presentada por la Aduana Nacional, se busca establecer la responsabilidad penal de los exfuncionarios en esta cadena de encubrimiento que facilitó el ingreso de material ilícito al territorio boliviano a través de una de sus principales terminales aéreas.