El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que Bolivia enfrenta una preocupante escalada de violencia extrema, con 63 feminicidios y 24 infanticidios registrados en lo que va del año, según el reporte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida.

Los datos corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2024.

Lanchipa destacó que estas cifras reflejan una realidad alarmante que debería encender las alertas en todo el país. "Estos cuadros nos muestran el avance de esta violencia extrema que quita la vida, en este caso, a 63 mujeres y 24 niños, por lo que se llevan adelante las investigaciones correspondientes", señaló el Fiscal General, enfatizando la urgencia de abordar esta problemática con mayor rigor.

El informe revela que los feminicidios se concentran mayormente en los departamentos del eje central de Bolivia. La Paz encabeza la lista con 16 casos, seguida de Cochabamba y Santa Cruz con 13 cada uno.

Tarija reportó 7 feminicidios, mientras que Oruro y Potosí registraron 5 casos cada uno. Chuquisaca y Beni reportaron 2 casos cada uno, y Pando es el único departamento que no ha registrado feminicidios este año.

En cuanto a los infanticidios, La Paz también presenta la mayor incidencia, con 13 víctimas, seguido de Santa Cruz con 7 casos.

Cochabamba y Oruro registraron 2 casos cada uno, mientras que los demás departamentos no han reportado hechos de esta naturaleza durante el período en cuestión.

El incremento de estos actos violentos subraya la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección para las mujeres y los niños en Bolivia.

Las autoridades han expresado su compromiso de investigar a fondo cada caso y de implementar medidas más efectivas para combatir esta ola de violencia.

La Fiscalía insta a la sociedad a mantenerse vigilante y a colaborar en la denuncia y prevención de estos crímenes, que continúan afectando a los sectores más vulnerables del país.

La lucha contra el feminicidio y el infanticidio requiere una acción conjunta y decidida de todos los actores sociales y del Estado.