La crisis derivada de los bloqueos en el departamento de Santa Cruz continúa escalando y tiene como principal foco al municipio de San Julián, donde persisten los hechos de violencia tras el fallido operativo de desbloqueo realizado el pasado 6 de junio.

Luego de los enfrentamientos registrados durante esa jornada, que dejaron policías heridos por impactos de bala y denuncias sobre la presencia de grupos armados, el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, confirmó que se encuentra en la clandestinidad junto a su familia por razones de seguridad.

La autoridad municipal informó que su vivienda fue saqueada por grupos violentos tras los hechos ocurridos en el municipio. Según su relato, los ataques también afectaron otras propiedades particulares. Asimismo, señaló que los manifestantes arremetieron contra instalaciones policiales, situación que provocó el repliegue de los efectivos y dejó a la población sin presencia policial ni municipal.

Vaca sostuvo que la situación se agravó después del operativo de desbloqueo y afirmó que la participación de civiles junto a los uniformados generó mayor tensión en la zona. Como consecuencia, los puntos de bloqueo fueron reforzados y se extendieron hacia rutas alternas utilizadas por transportistas y viajeros.

En el ámbito judicial, la situación de los aprehendidos durante los enfrentamientos comenzó a definirse. Tras una audiencia cautelar realizada en el Palacio de Justicia, dos de los cinco imputados fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola. Los otros tres obtuvieron medidas sustitutivas y deberán cumplir determinadas condiciones antes de retornar a su localidad.

El Ministerio Público presentó una imputación formal contra cinco personas por presuntos delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción de bienes públicos, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.

La defensa de los acusados cuestionó la imputación y anunció que apelará la decisión judicial respecto a los dos detenidos preventivamente.

Las repercusiones también alcanzaron el ámbito político e institucional. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a los grupos armados identificados durante los enfrentamientos.

Desde distintos sectores surgieron pedidos para reforzar la presencia estatal en la zona. Representantes cívicos y legisladores solicitaron la aplicación de la ley y expresaron preocupación por el uso de armas de fuego durante los conflictos registrados en San Julián.