La Alcaldía de La Paz denunció un presunto favorecimiento judicial al empresario Luis Enrique Iturralde, dueño del cementerio Los Andes y principal señalado por el deslizamiento ocurrido el 20 de noviembre de 2024 en la zona de Bajo Llojeta. Según la directora de Asuntos Jurídicos del municipio, Amparo Morales, Iturralde, actualmente prófugo, recibió un trato judicial privilegiado pese a haber sido denunciado formalmente ante el Ministerio Público un día después de la tragedia.

En entrevista con La Razón Radio, Morales cuestionó que la denuncia presentada contra el empresario no haya sido admitida ni analizada, y que simplemente haya sido acumulada a la investigación iniciada de oficio por la Fiscalía. El deslizamiento, provocado por una intensa lluvia, afectó a 40 viviendas, dejó 157 familias damnificadas y provocó la muerte de una niña.

La Alcaldía sostiene que la tragedia fue ocasionada por una falla estructural en una plataforma construida dentro del cementerio Los Andes, propiedad de Iturralde. No obstante, Morales denunció que la investigación se desvió para centrarse en presuntas omisiones del Gobierno Municipal de La Paz, en lugar de esclarecer las responsabilidades de la empresa privada.

Morales también criticó que el Ministerio Público actuara con mayor rapidez en contra del alcalde de Achocalla, por haber otorgado permisos a la empresa dueña del cementerio, mientras que ningún funcionario de la empresa Kantutani ha sido imputado. Aseguró que las medidas adoptadas contra funcionarios municipales son desproporcionadas y reflejan un desvío en el enfoque de la investigación.

Este martes, la Fiscalía imputó formalmente al alcalde de La Paz, Iván Arias, por el caso Bajo Llojeta. Además de los cargos iniciales por estragos, se amplió la denuncia a incumplimiento de deberes y lesiones leves, y se solicitó su detención preventiva.