Analistas consideran que Bolivia todavía no reúne las condiciones necesarias para iniciar un debate sobre un nuevo pacto social o un proceso constituyente, pese a las críticas y observaciones existentes sobre la actual Constitución Política del Estado (CPE).

El politólogo Franklin Pareja y el abogado Gonzalo Hidalgo señalaron que abrir este tipo de discusión en medio de la crisis económica y la incertidumbre política que atraviesa el país podría resultar contraproducente, debido a que no existe la garantía de que el resultado sea mejor que el actual.

Pareja sostuvo que las variables políticas representan un riesgo importante en un eventual proceso constituyente y advirtió que el sistema político boliviano, en muchas ocasiones, no actúa en función de los intereses del país. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar previamente un proceso pedagógico que permita comprender las razones por las cuales el modelo actual presenta deficiencias.

Por su parte, Hidalgo señaló que el poder político generó una interpretación de la Constitución ajustada a intereses particulares, lo que derivó en una pérdida de respeto hacia la norma suprema del Estado.

Ambos especialistas coincidieron en que el desafío no pasa únicamente por modificar leyes o redactar un nuevo texto constitucional, sino por impulsar un cambio de paradigma que permita fortalecer las instituciones y recuperar el respeto por la Constitución.

Asimismo, indicaron que el contexto actual tampoco favorece la discusión de una reforma integral, debido a que la población se encuentra concentrada principalmente en resolver problemas económicos y necesidades inmediatas.

Los expertos advirtieron que, mientras la ciudadanía continúe preocupada por la crisis económica, un debate sobre un nuevo pacto social podría ser percibido como una discusión lejana o poco relevante, salvo que se logre demostrar cómo las disposiciones constitucionales impactan directamente en la economía y el bienestar de la población.

Finalmente, Hidalgo señaló que cualquier eventual reforma debe construirse sobre la base del consenso nacional y de una nueva forma de hacer política, con el objetivo de evitar conflictos y garantizar que los cambios respondan a las necesidades del país.