El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que existen leyes que “alimentan el fuego”.

Preocupado por los incendios forestales en el oriente boliviano, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que ese órgano legislativo promoverá una “reforma normativa ambiental” en Bolivia.

“El medio ambiente es la fuente de vida, y hoy el daño a la Madre Tierra es irreparable. Todo incendio es provocado como efecto de la deforestación sin control estatal, por ello desde el Senado tomamos la decisión de promover una reforma normativa ambiental”, informó en sus redes sociales.

Leyes De acuerdo con el presidente del Senado, en el país existen “normas que alimentan el fuego”. Por ello, en defensa de la “diversidad biológica”, Rodríguez considera que se deben revisar estas leyes.

“Consideramos importante la revisión minuciosa de varias normativas y, de manera concreta, la modificación de las leyes 337, 740 y 1171”, sugirió.

Las dos primeras están relacionadas con el permiso de utilizar predios, “que hubieran sido objetos de desmontes sin autorización”, para la producción de alimentos. De acuerdo con la opinión pública, esta ley permite los chaqueos desenfrenados y la no restitución de los bosques afectados.

La Ley 1171, De Uso y Manejo Racional de Quemas, es mucho más específica. Establece los lineamientos para obtener permisos de iniciar fuegos controlados en algunos predios, con el objetivo de realizar actividades agrícolas o ganaderas.

Así, el titular de Senadores se sumó al pedido de abrogación de leyes que son consideradas como “incendiarias”.

Gobierno El Gobierno, por su parte, declaró una “pausa ambiental”, por lo que los permisos para realizar quemas ‘autorizadas’ quedan suspendidos de forma indefinida.

De acuerdo a la Ley 1171, los permisos, emitidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), tienen vigencia de tres años en predios con actividad agrícola y de hasta cinco años en predios con actividad ganadera.

Adicionalmente, el Gobierno planteó sanciones más duras, hasta 12 años de cárcel, contra las personas que realicen incendios forestales ilegales.