El expresidente Luis Arce publicó la mañana de este lunes una carta en la que asegura que se encuentra privado de libertad de forma injusta, se declara víctima de una “venganza” y exige que se le garantice el debido proceso para asumir su defensa dentro del caso por el presunto desfalco al Fondo Indígena.

Arce permanece aprehendido con detención preventiva desde el 10 de diciembre de 2025, acusado de su presunta participación en el millonario desfalco al Fondo Indígena, creado durante el gobierno de Evo Morales, instancia en la que el ahora detenido formaba parte del directorio.

En su pronunciamiento, el exmandatario afirma que no cometió delitos y pide respeto a las leyes y a la independencia de la justicia. “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano. Exijo primero el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas”, señala en la carta difundida en sus redes sociales.

Asimismo, sostiene que su aprehensión se produjo sin una orden legal, calificando el hecho como un acto arbitrario. Según su versión, al concluir su mandato decidió permanecer en el país y manifestó su disposición de atender cualquier requerimiento judicial, pero asegura que no recibió notificación ni citación previa.

El exmandatario también denuncia que, dentro del proceso iniciado por el Gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes presentadas por su defensa han sido rechazadas, incluyendo una petición para realizarse exámenes médicos solicitados por un cardiólogo, lo que —afirma— pone en riesgo su salud.

En la carta, Arce asegura además que ha sido víctima de “tortura psicológica”. Señala que durante sus primeras noches en el penal de cárcel de San Pedro fue recluido en condiciones inadecuadas y que ingresaban constantemente a su celda para tomarle fotografías. Aunque indica que esta práctica cesó tras reclamos de su familia, afirma que aún se le toman imágenes y videos en espacios comunes mientras realiza actividades físicas o recibe visitas.

El exministro de Economía también denunció que el domingo 5 de abril su domicilio fue allanado, lo que calificó como una nueva vulneración a sus derechos y parte de acciones destinadas a afectar su imagen.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que actúen en apego a la Constitución y a los principios de justicia, exigiendo el cese de lo que considera mecanismos de persecución política, mediática e institucional. En su mensaje, concluye señalando que estas acciones responden a una supuesta “venganza” y buscan encubrir problemas del actual gobierno.