Este martes, el presidente Luis Arce realizó una visita a Desaguadero, en la frontera con Perú, para verificar los operativos implementados contra el contrabando a la inversa.

Acompañado por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, el mandatario supervisó uno de los principales puntos donde productos bolivianos son llevados ilegalmente al extranjero.

Según el Gobierno, el contrabando a la inversa cuando productos nacionales se comercializan ilegalmente en países vecinos está entre las causas del desabastecimiento y el aumento de precios en Bolivia.

Productos como el aceite han sido afectados, ya que mientras en Bolivia el litro cuesta hasta Bs 13,5, en Perú o Brasil su precio puede triplicarse, incentivando esta práctica.

Desde el 7 de octubre, el Gobierno implementó la militarización de zonas fronterizas y promulgó el Decreto Supremo 5245, que endurece las sanciones contra el contrabando.

Ahora, quienes sean sorprendidos sacando productos de forma ilegal pueden enfrentar hasta 14 años de prisión.

Estas medidas buscan proteger el mercado interno y garantizar el acceso a productos de primera necesidad.

Actualmente, más de 8.000 efectivos se encuentran desplegados en las fronteras del país para reforzar los controles, especialmente en esta época de fiestas, cuando las actividades de contrabando suelen aumentar.

Arce destacó la importancia de estas acciones para preservar la estabilidad económica y social. “Estamos comprometidos con la lucha contra el contrabando para asegurar que los productos lleguen a las familias bolivianas a precios justos”, declaró el mandatario durante la inspección.

El operativo también busca concienciar a los productores y comerciantes sobre el impacto negativo del contrabando en la economía del país.

La coordinación entre las fuerzas de seguridad, el Gobierno y las comunidades fronterizas será clave para frenar esta práctica.