El presidente del Consejo Nacional del Arroz, David Pérez, respaldó la Ley 1720, que permite la conversión voluntaria de tierras de pequeña a mediana propiedad, y aseguró que la norma abre el acceso al crédito para la mayoría de los productores, en medio de protestas y cuestionamientos en distintas regiones del país.

“El 85% de los productores arroceros son pequeños y esta ley los beneficia directamente”, afirmó el dirigente, al explicar que uno de los principales problemas del sector ha sido la falta de financiamiento formal.

Según detalló, los pequeños productores suelen recurrir a créditos de ingenios o casas comerciales con condiciones más costosas, con intereses de entre 10% y 15% mensual. En contraste, indicó que en la banca pueden acceder a tasas de entre 5% y 7% anual, con plazos de 3, 5 u 8 años.

Pérez sostuvo que esta diferencia impacta en la rentabilidad, ya que los productores no solo pagan más por los insumos, sino que además terminan vendiendo su producción a precios fijados por sus acreedores. “El productor pierde varias veces en ese esquema”, señaló.

En ese contexto, afirmó que la ley permitirá a los agricultores acceder a financiamiento más barato y en mejores condiciones, lo que facilitará inversiones en maquinaria, insumos y tecnología.

El dirigente explicó que, mediante financiamiento privado, un productor puede enfrentar tasas de entre 16% y 20% anual y plazos de hasta dos años, mientras que en la banca existen opciones de hasta ocho años, con hasta dos años de gracia y tasas de entre 6% y 8%.

Además, destacó que la norma permitirá encarar inversiones de largo plazo, como sistemas de riego o ganadería, ya que la verificación de la Función Económica Social (FES) se realizará después de 10 años.

Las declaraciones se dan en un contexto de movilizaciones en regiones como Beni y Pando, donde algunos sectores rechazan la ley por considerar que podría afectar la propiedad de la tierra. Frente a ello, Pérez aseguró que la norma no quita tierras ni afecta territorios indígenas, y precisó que las Tierras Comunitarias de Origen y tierras comunitarias están excluidas.

También indicó que los productores ya podían vender sus propiedades antes de la ley, y que ahora se aclara que la tierra puede usarse como garantía para acceder a crédito.

El dirigente atribuyó las protestas a desinformación y afirmó que se está utilizando a pequeños productores e indígenas con argumentos sin sustento técnico.

Pérez insistió en que la conversión de pequeña a mediana propiedad es voluntaria y que los productores que no deseen acceder a crédito pueden mantener sus tierras sin cambios. Para acogerse a la norma, deben presentar una solicitud ante el INRA, que tiene un plazo de hasta 10 días para aprobar la conversión.

El dirigente también señaló que la ley busca mejorar la productividad del sector. Actualmente, los rendimientos de arroz en Bolivia oscilan entre 3 y 4,5 toneladas por hectárea, mientras que en países vecinos como Brasil, Argentina o Paraguay alcanzan entre 8 y 10 toneladas.

Añadió que el sector trabaja con el Gobierno en mesas técnicas para mejorar la productividad, enfrentar el contrabando e incorporar nuevas tecnologías.

Finalmente, Pérez afirmó que la norma responde a una demanda del sector de más de 20 años y busca mejorar la economía del productor para permitir su crecimiento y mejores condiciones de vida.