La sede de gobierno de Bolivia y la ciudad de El Alto registraron este jueves su primera jornada de relativa calma y sin hechos de violencia, luego de cumplir 43 días de un agudo conflicto social. Tras semanas marcadas por marchas, gasificaciones y detonaciones de dinamita, la tensión disminuyó notablemente al no registrarse movilizaciones ni mitines. No obstante, la incertidumbre reina entre la ciudadanía, que intenta retomar sus actividades cotidianas con recelo debido a que el transporte público opera a medias, los negocios abren de forma irregular y los productos de la canasta familiar continúan escasos y con precios elevados.

A pesar de que algunos puntos de bloqueo en El Alto fueron levantados, los sectores movilizados mantienen el cerco en rutas estratégicas como Senkata y la vía hacia Copacabana, lo que genera que los viajes al interior del país continúen suspendidos desde hace más de 37 días. Ante este panorama, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos "Túpac Katari" —organizaciones alineadas con el evismo que firmaron un pacto de unidad para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz— dieron las primeras señales de una evaluación interna para definir la continuidad o suspensión de las medidas. El dirigente de la COB, Mario Argollo, admitió que el bloqueo ya golpea a los sectores más vulnerables y que consultarán el ánimo de las bases orgánicas.

Como parte de este proceso de evaluación, las federaciones de campesinos Túpac Katari y Bartolina Sisa de la provincia Los Andes llevan a cabo este viernes un cabildo abierto en la población de Pucarani. Aunque la convocatoria no anticipa el fin de las presiones, existen voces internas que demandan declarar un cuarto intermedio. En paralelo, ante la gravedad de la crisis, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado conjunto convocando de urgencia a un "Pacto social por la paz y la reconciliación", buscando abrir espacios de diálogo que frenen la conflictividad que asfixia a la región metropolitana de La Paz.