La economía boliviana enfrenta uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) rebajó este miércoles la calificación crediticia de Bolivia a largo plazo de ‘CCC+’ a ‘CCC-’, manteniendo una perspectiva negativa.

Esta decisión, según la entidad, refleja un deterioro acelerado del perfil externo del país y plantea serias dudas sobre su capacidad para cumplir con el pago de la deuda soberana en los próximos seis a doce meses.

El informe de S&P advierte que el aumento del servicio de la deuda, sumado a un contexto de estancamiento político y restricciones para acceder a los mercados internacionales, limita gravemente la capacidad del país para revertir la erosión de su liquidez externa y su frágil posición fiscal. “Esto plantea riesgos concretos para la estabilidad económica y monetaria”, señala el documento.

A este panorama se suma un complejo escenario interno: la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, la escasez de dólares, una inflación que empieza a tomar fuerza y el impacto de disputas políticas que, según S&P, “limitarán la capacidad del gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos”.

En un año marcado por tensiones preelectorales, los analistas ven con preocupación el debilitamiento institucional y la ausencia de señales claras sobre un plan económico coherente.

En 2023 y lo que va de 2025, Bolivia ha experimentado una caída sostenida en sus reservas internacionales netas, al tiempo que ha recurrido al financiamiento interno del Banco Central para cubrir gastos del Tesoro, una medida que incrementa las presiones inflacionarias. Por otro lado, las restricciones a la exportación, el estancamiento de la inversión privada y el control de precios en sectores clave han generado un entorno hostil para el crecimiento.

La rebaja de la calificación no solo es un golpe a la reputación financiera del país, sino que también encarece el acceso a crédito externo, justo cuando Bolivia más lo necesita. En este contexto, economistas advierten que, sin un cambio estructural en el manejo económico y sin recuperar la confianza del mercado, el país podría encaminarse hacia una crisis más profunda.