La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual permite la confiscación de productos bajo el argumento de evitar el agio y la especulación.

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, criticó duramente al Gobierno, señalando que la cadena productiva está cansada de restricciones a las exportaciones y medidas que generan incertidumbre. “No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, sostuvo.

El conflicto entre el sector privado y el Ejecutivo se ha intensificado debido a la falta de autorización para la exportación de carne y la aplicación de la nueva norma. El Gobierno justifica la medida argumentando que los productores son responsables del alza de precios, citando casos de supuesto ocultamiento de productos como el aceite en 2024.

A pesar del malestar empresarial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha dado señales de diálogo con el Gobierno para buscar consensos en la aplicación de la norma. No obstante, Antelo criticó este enfoque y aseguró que reglamentar una disposición “necesaria de ser abrogada” es aceptar un principio que atenta contra la seguridad jurídica del sector.

Como resultado de una reunión sostenida el martes, se acordó que la disposición no entrará en vigencia hasta que se logren acuerdos con el sector productivo, dejando abierta la posibilidad de ajustes o incluso su eliminación.