La administración de Trump enfrenta una demanda por federalizar la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom.

Este lunes, el estado de California, a través de su fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusándolo de desplegar de manera “ilegal” a la Guardia Nacional en respuesta a las protestas registradas en Los Ángeles por las recientes redadas migratorias.

La acción judicial, respaldada por el gobernador de California, Gavin Newsom, solicita a un tribunal federal que declare nula la orden de Trump, alegando que se trata de un “abuso de autoridad” que viola la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“Activar tropas en medio de protestas que ya estaban bajo control por parte de las fuerzas del orden locales es profundamente injusto y una falta de respeto hacia su servicio”, afirmó Bonta en un comunicado oficial.

El despliegue de la Guardia Nacional, que incluyó a 2.000 efectivos desplegados el domingo frente al edificio federal del centro de Los Ángeles, se ejecutó sin el consentimiento del gobernador Newsom. Según las autoridades californianas, este hecho representa la primera vez desde 1965 que un presidente ordena una acción de este tipo sin una solicitud expresa del mandatario estatal.

Newsom recordó que la activación de la Guardia Nacional corresponde a la jurisdicción estatal: “California sabe cuándo es necesario llamar a la Guardia Nacional. Lo hicimos ante incendios forestales y protestas anteriores, pero esta vez no fue autorizado”.

La decisión de Trump llegó en medio de crecientes tensiones tras las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el pasado viernes. En su red Truth Social, el presidente calificó a Los Ángeles como una ciudad “invadida por inmigrantes ilegales y criminales” y justificó el uso de fuerza como una medida necesaria para “liberar la ciudad de la violencia”.

“He ordenado a mis secretarios de Seguridad Nacional, Defensa y a la fiscal general que tomen todas las medidas necesarias para frenar esta invasión y poner fin a los disturbios”, escribió Trump.

La polémica decisión ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos civiles y por autoridades estatales que advierten sobre un precedente peligroso en el uso del poder federal para intervenir en conflictos locales.