La aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, generó reacciones inmediatas de autoridades subnacionales, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el alcalde de La Paz, Iván Arias. Ambos coincidieron en que el hecho debe ser asumido dentro del marco legal y sin privilegios, aunque con enfoques distintos sobre sus implicaciones.

Camacho afirmó que el caso debe servir para sentar precedentes que eviten abusos de poder por parte de autoridades. Señaló que, siguiendo las normas del Estado de derecho y el debido proceso, la democracia debe establecer límites claros para que ninguna autoridad abuse de su cargo. En ese marco, recordó que presentó una denuncia penal contra Del Castillo y el expresidente Luis Arce, en referencia a los hechos ocurridos cuando fue privado de libertad siendo gobernador electo, los cuales según indicó tuvieron un impacto personal, institucional y político para Santa Cruz.

Por su parte, el alcalde paceño Iván Arias sostuvo que el exministro ahora es un ciudadano más y debe someterse a las normas como cualquier otra persona. Remarcó que el poder es pasajero y que nadie puede actuar al margen de las reglas. En ese sentido, enfatizó que las normas de seguridad aeroportuaria rigen en cualquier aeropuerto internacional y son de cumplimiento obligatorio para todos, sin importar el cargo que se haya ocupado.

Eduardo del Castillo fue aprehendido la madrugada del 30 de diciembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se disponía a abordar un vuelo internacional. Según el reporte oficial, el hecho se produjo tras un incidente durante los controles previos al embarque, en el que se negó a cumplir las normas de seguridad aeroportuaria.