El gerente general de la Cámara Automotor, Luis Encinas, expresó el rechazo del sector a una eventual legalización de vehículos indocumentados y advirtió que una medida de esa naturaleza podría afectar al sector formal, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo.

Encinas explicó que la actividad automotriz genera alrededor de 8.000 empleos directos, además de una importante cantidad de puestos de trabajo indirectos. En ese sentido, señaló que una nueva nacionalización de vehículos indocumentados tendría un impacto económico sobre cientos de familias que dependen de esta actividad.

El representante del sector sostuvo que, en caso de aprobarse una regularización, esta debería estar acompañada por una norma integral que permita cerrar de manera definitiva el ingreso de vehículos ilegales al país. A su criterio, las actuales condiciones favorecen que el contrabando continúe.

Asimismo, cuestionó la viabilidad del proyecto al indicar que no existen mecanismos claros para verificar la fecha de ingreso de un vehículo al territorio nacional, por lo que considera complejo establecer un límite temporal para una eventual regularización.

Encinas también manifestó que la propuesta debió elaborarse con el respaldo de instancias técnicas especializadas. Añadió que, sin controles efectivos en las fronteras, una nueva nacionalización podría incentivar el ingreso de más vehículos indocumentados en lugar de solucionar el problema.

Finalmente, insistió en que cualquier decisión sobre esta temática debe contemplar medidas que protejan al sector automotor formal y fortalezcan los controles fronterizos para evitar el crecimiento del parque automotor ilegal.