La Cámara Automotor de Bolivia rechazó el proyecto de ley que plantea una nacionalización excepcional de vehículos indocumentados y advirtió que esta medida significaría un incentivo al delito, además de generar mayores problemas económicos y sociales para el país.

El gerente de la institución, Luis Orlando Encinas, aseguró que un vehículo chuto representa “un cúmulo de delitos”, entre los que mencionó el narcotráfico, el lavado de dinero, la fuga de divisas y el contrabando.

Según explicó, existen motorizados que habrían sido adquiridos con recursos provenientes del tráfico de drogas e incluso algunos que fueron robados en otros países y posteriormente ingresaron al territorio nacional de manera ilegal.

Encinas afirmó que gran parte de estos vehículos proviene desde Chile y señaló que representantes del sector automotor chileno reconocieron que las zonas francas se han convertido en una fuente importante de abastecimiento para el contrabando de automóviles hacia Bolivia.

Asimismo, indicó que la Cámara Automotor presentó denuncias ante el Ministerio de Economía por presuntas irregularidades relacionadas con el lavado de dinero a través del comercio ilegal de estos motorizados.

El representante recordó que la Constitución Política del Estado establece que el contrabando es un delito imprescriptible, por lo que consideró que cualquier iniciativa que busque legalizar vehículos ingresados ilegalmente estaría contradiciendo la normativa vigente.

Respecto a los más de un millón de vehículos indocumentados que circulan en el país, Encinas propuso analizar experiencias internacionales, como la aplicada en Costa Rica, donde los motorizados robados son incautados y el resto es sometido a programas de destrucción o chatarrización.

La Cámara también alertó que una eventual legalización incrementaría la presión sobre la subvención estatal a los combustibles, tomando en cuenta la cantidad de vehículos que ya circulan en el territorio nacional.

Según sus estimaciones, de los 2,5 millones de motorizados existentes en Bolivia, alrededor de 1,7 millones corresponden a vehículos de cuatro ruedas o más, por lo que incorporar cientos de miles de autos chutos incrementaría significativamente la demanda de carburantes subvencionados.

El sector formal reiteró su rechazo a cualquier proceso de nacionalización y pidió que las medidas adoptadas respeten la normativa vigente y protejan a quienes cumplen con los requisitos legales para la importación y comercialización de vehículos.