La Cancillería de Bolivia confirmó que 26 ciudadanos bolivianos fueron identificados y permanecen bajo seguimiento por su vinculación con las Fuerzas Armadas de Rusia en el contexto de la guerra con Ucrania. La información fue proporcionada por el canciller Fernando Aramayo, quien indicó que el Gobierno activó gestiones diplomáticas y consulares para asistir a los connacionales y coordinar con las autoridades rusas el seguimiento de cada caso.

Según el reporte oficial, de los 26 bolivianos identificados, 20 mantienen contratos militares activos, mientras que 19 aún no cuentan con un reporte actualizado sobre su ubicación. Además, se informó que cuatro ciudadanos resultaron heridos y permanecen internados en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación de las Fuerzas Armadas rusas.

El balance también señala que un boliviano falleció, otro fue repatriado exitosamente al país y un tercero permanece con vida y en condición estable.

Aramayo explicó que la Cancillería comenzó a intervenir en estos casos desde noviembre de 2025, cuando la actual administración tomó conocimiento de las denuncias relacionadas con el reclutamiento de bolivianos para participar en el conflicto.

Asimismo, informó que entre el 6 y el 9 de junio de 2026 una misión consular se trasladó hasta la ciudad de Donetsk para verificar la situación de uno de los ciudadanos bolivianos, gestionar su desvinculación del Ejército ruso y acompañar su atención médica.

El canciller también señaló que el 17 de julio sostuvo una reunión con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verchanko, en la que acordaron establecer una hoja de ruta bilateral y un canal directo de intercambio de información para atender con prioridad los casos de ciudadanos bolivianos involucrados en el conflicto.

Además, indicó que el Estado boliviano remitió varias notas diplomáticas solicitando información sobre la ubicación de los connacionales, brindando asistencia consular y gestionando, cuando fue posible, su salida de las Fuerzas Armadas rusas.

Respecto a la investigación por la presunta red que reclutaba bolivianos para enviarlos a combatir en Rusia, Aramayo recordó que el caso se encuentra en manos del Ministerio Público y las autoridades judiciales. Señaló que corresponde a las familias presentar las denuncias para que la Fiscalía investigue posibles delitos relacionados con el reclutamiento, la intermediación o la trata de personas, evitando emitir criterios que puedan interferir en las investigaciones.

La autoridad indicó que la Policía y la Fiscalía continúan con la búsqueda del presunto cabecilla de la organización investigada en Santa Cruz, señalada por captar ciudadanos mediante falsas ofertas laborales y promesas de altos ingresos para posteriormente enviarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Finalmente, Aramayo sostuvo que los primeros reportes sobre esta problemática llegaron a la Cancillería en abril de 2025, aunque aseguró que fue desde noviembre de ese mismo año, con el cambio de administración, cuando se reactivaron las gestiones diplomáticas y consulares para atender los casos y fortalecer la coordinación con las autoridades rusas.