En un hecho que marca un avance en la lucha contra la impunidad, la Fiscalía General del Estado confirmó la captura de Rogelio N.P.E., un hombre prófugo durante 23 años, acusado del asesinato de su hijo de dos meses en el municipio de La Asunta, en 2001.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, explicó que el caso resurgió tras verificarse en el sistema Ecosistema Justicia Libre que no contaba con resolución concluyente ni sentencia.

Además, el cuaderno de control jurisdiccional había desaparecido del Juzgado de Chulumani, lo que complicó su seguimiento. “Se repuso el expediente con las copias de las investigaciones existentes, y con ello se ordenó la búsqueda y captura del presunto autor”, explicó Torrez.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2001, cuando Rogelio, tras una discusión con su pareja en la comunidad de Pichard, habría hecho ingerir a su bebé una sustancia tóxica conocida como Tamaron (un insecticida agrícola).

La intoxicación causó un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal para el infante. El acusado fue detenido y enviado a la cárcel de Chulumani, de donde escapó el 10 de diciembre del mismo año, iniciando un prolongado periodo de rebeldía.

Tras años de inacción en el caso, la Dirección de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida ordenó una nueva investigación y operación de captura.

En un operativo conjunto con la Policía, Rogelio fue aprehendido este martes y presentado ante un juez para iniciar su proceso judicial, ahora bajo el cargo de infanticidio. “La captura de este sujeto es un ejemplo del compromiso del Ministerio Público para garantizar justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Nuestro objetivo es lograr la máxima sentencia por este crimen atroz”, aseguró Torrez.

La Fiscalía también enfatizó la importancia de los sistemas digitales de gestión de casos para evitar el extravío de documentos y garantizar el seguimiento oportuno de los procesos.

La familia de la víctima espera que este caso sea un precedente que refuerce la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas más vulnerables.