Las autoridades migratorias de Estados Unidos están solicitando a propietarios de viviendas que entreguen información detallada sobre sus inquilinos, incluidos contratos de arrendamiento, formularios de solicitud, documentos de identidad y datos personales. Sin embargo, estas solicitudes no cuentan con la firma de un juez, lo que ha generado preocupación entre expertos legales que advierten posibles violaciones a la Ley de Vivienda Justa.

Los citatorios administrativos han sido emitidos por funcionarios de la Unidad Antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y están siendo recibidos por propietarios en varias ciudades, lo que ha causado confusión sobre su validez.

Abogados inmobiliarios y expertos en derechos civiles alertan que cumplir con estas solicitudes es opcional mientras no estén respaldadas por una orden judicial. Temen además que algunos caseros entreguen información por temor o desconocimiento de sus derechos.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional defiende la legalidad de los requerimientos, organizaciones de defensa de inmigrantes y juristas insisten en que los propietarios no deben entregar datos sin una orden firmada por un juez. Aconsejan ignorar las solicitudes y promover campañas de información sobre los derechos ante posibles abusos de autoridad.