SANTA CRUZ DE LA SIERRA. A una semana de haber iniciado la intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la comisión investigadora reveló este jueves el desvío de 22 millones de litros de combustible registrados en un solo mes, además de una serie de vulneraciones e irregularidades en los sistemas informáticos de control y fiscalización.

El ministro de Desarrollo Productivo e integrante de la comisión, Óscar Mario Justiniano, explicó que se detectaron "puertas traseras" en el sistema informático de la entidad reguladora. Estas vulnerabilidades permitían que personas externas ingresen al sistema y autoricen despachos de carburantes sin límite como si fueran funcionarios públicos. Asimismo, se constató que cuando se aplicaban sanciones o intervenciones a estaciones de servicio, existían usuarios que eliminaban dichas medidas a través del mismo sistema.

Para dar dimensión a la cifra, Justiniano remarcó que un departamento productor como Santa Cruz requiere 3 millones de litros diarios de combustible.

Entre los casos específicos detectados durante las fiscalizaciones se destacan:

• San Ramón (Santa Cruz): Se identificó el desvío de 30.000 litros de diésel. En este caso ya se concretó la intervención e iniciaron las acciones penales correspondientes.
• Puerto Paila (Cotoca, Santa Cruz): Se detectó la venta de 3.000 litros de gasolina en un mes a nombre de una sola persona mediante 28 facturas para una motocicleta (cuyo tanque requiere entre 6 y 8 litros). Las personas involucradas ya fueron imputadas y cumplen 30 días de detención preventiva.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó que la cifra de 22 millones de litros corresponde a un único mes, aunque no precisó la gestión del hecho. Blanco detalló que en varios surtidores con irregularidades se identificó que el sistema B-SISA no se encontraba funcionando, además de registrarse la repetición de placas de vehículos.

Las autoridades informaron que los responsables de manipular los sistemas ya fueron identificados y presentados ante el Ministerio Público, advirtiendo que se aplicarán controles más rigurosos y procesos legales sin distinción de gestión.