El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presentó una acción de libertad en favor de los pacientes renales, con el objetivo de buscar una salida al conflicto relacionado con la falta de pago a centros privados que brindan tratamientos de hemodiálisis.

La acción fue interpuesta contra una juez y dos ministros, según explicó Cochamanidis, quien cuestionó que no se estén realizando los pagos a las instituciones privadas que prestan estos servicios a pacientes con enfermedades renales.

“Hoy presentando una acción de libertad contra la juez que estaba llevando la causa anterior, por no resolver en los tiempos procesales debido”, afirmó el dirigente cívico.

Cochamanidis señaló que la acción también alcanza a la ministra de Salud y al ministro de Hacienda, a quienes responsabilizó por la falta de pagos a los centros privados de diálisis.

pacientes mantienen sus reclamos

Los pacientes renales y sus familiares mantienen una protesta para exigir una solución a los problemas relacionados con la atención que reciben. Según sus denuncias, la falta de pago a las entidades privadas que realizan las hemodiálisis pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos.

Desde hace varias semanas, los pacientes permanecen en la parte baja de la Brigada Parlamentaria Cruceña, donde exigen respuestas a sus demandas.

Cochamanidis afirmó que los pacientes “ya se están viendo en dificultades para ser atendidos” y cuestionó la falta de una solución al conflicto.

El presidente del Comité pro Santa Cruz sostuvo además que existiría una deuda de entre ocho y nueve meses con centros privados de Santa Cruz que brindan este servicio.

señalan que existe una sentencia constitucional

El asesor jurídico del Comité pro Santa Cruz, Diego Coímbra, explicó que los pacientes renales ya obtuvieron una resolución judicial favorable en un proceso anterior.

Según el jurista, existe una sentencia constitucional emitida por un Tribunal de Garantía que concedió garantías a los pacientes debido a la interrupción del servicio de hemodiálisis.

“Hay una sentencia constitucional que ha sido emitida por este Tribunal de Garantía que en su momento concedió garantías a los pacientes renales porque se les estaba cortando el servicio de hemodiálisis que justamente está obligado el Estado de pagar”, explicó Coímbra.

La nueva acción de libertad busca que se atienda la situación de los pacientes y se encuentre una solución al conflicto por los pagos pendientes a los centros privados de diálisis.