Tras la conclusión de las elecciones subnacionales del 19 de abril de 2026, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió un recordatorio oficial sobre la vigencia de la restricción de viaje para las autoridades departamentales y municipales que dejan sus funciones. Esta medida establece que gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas salientes deben permanecer obligatoriamente en territorio boliviano durante un periodo de seis meses posteriores al cese de su mandato.

La disposición tiene como objetivo central garantizar una transición transparente y ordenada, asegurando que quienes administraron recursos públicos cumplan con la entrega de documentación y la rendición de cuentas correspondiente. Con esta restricción, se busca evitar que exautoridades eludan posibles procesos administrativos, civiles o penales que pudieran surgir de la revisión de sus gestiones financieras.

Marco legal y mecanismos de control La medida se fundamenta en la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria (conocida como "ley de arraigo"), la cual fue modificada por la Ley 1709. Dicha modificación amplió el plazo de permanencia de tres a seis meses, endureciendo los controles sobre los exfuncionarios públicos.

Para hacer efectiva esta restricción, la Contraloría mantiene una coordinación directa con la Dirección General de Migración. Este trabajo conjunto permite activar las alertas necesarias en los puntos fronterizos y aeropuertos del país, impidiendo que las autoridades alcanzadas por la norma abandonen Bolivia antes de cumplir el plazo estipulado por ley.