El rechazo al Decreto Supremo 5676 aumenta y pone nuevamente al Gobierno de Rodrigo Paz ante un escenario de presión social. La norma, que eleva a Bs 18 el precio del litro de diésel para los grandes consumidores, generó cuestionamientos de distintos sectores que amenazan con movilizaciones y exigen que el Ejecutivo dé marcha atrás.

Una eventual abrogación del decreto representaría un nuevo retroceso para la gestión de Paz, que ya anuló anteriormente otras normas luego de enfrentar conflictos y medidas de presión.

El primer antecedente se remonta al Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025, durante los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz. La norma fue presentada como una medida para enfrentar la crisis económica, financiera, energética y social, además de recuperar liquidez y reservas internacionales, garantizar el abastecimiento de combustibles y reactivar la producción y la inversión.

Entre sus principales disposiciones se encontraba la eliminación parcial de la subvención a los combustibles y el establecimiento de nuevos precios para la gasolina y el diésel. También contemplaba medidas relacionadas con las reservas internacionales, la liquidez, el incremento del Salario Mínimo Nacional, inversiones, aspectos tributarios, energéticos y administrativos.

Aunque existía consenso sobre la necesidad de modificar la subvención a los carburantes, la Central Obrera Boliviana y otros sectores cuestionaron diferentes aspectos del decreto, particularmente aquellos relacionados con inversiones, recursos naturales y el régimen energético.

Las protestas derivaron en movilizaciones y bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país. Ante el incremento de la presión, el Gobierno inició negociaciones con la COB y otras organizaciones sociales.

El 9 de enero de 2026, el Gobierno informó que había concluido el proceso de diálogo con el acuerdo de abrogar el Decreto Supremo 5503. Posteriormente, el 13 de enero, fue promulgado el Decreto Supremo 5516, que abrogó expresamente la norma anterior.

Sin embargo, el nuevo decreto no significó un retorno completo a la situación previa, ya que mantuvo varias de las medidas económicas centrales, entre ellas la nueva estructura de precios de los combustibles y determinadas medidas sociales.

El segundo antecedente corresponde a la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, una norma aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por Rodrigo Paz en abril de 2026.

La ley buscaba permitir que determinadas pequeñas propiedades tituladas pudieran convertirse voluntariamente en propiedades medianas, posibilitando una actualización de su clasificación catastral y que el terreno pudiera adquirir características para ser utilizado, entre otras cosas, como respaldo en operaciones financieras.

La norma generó rechazo entre organizaciones campesinas e indígenas, que cuestionaron la falta de suficiente socialización y consulta. Los sectores movilizados también advertían sobre la posibilidad de que la tierra pudiera convertirse en un activo financiero.

El 8 de abril comenzó una marcha de campesinos e indígenas desde Pando hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720. El Gobierno intentó explicar los alcances de la norma y abrió espacios de diálogo.

Después de aproximadamente 24 días de caminata, los movilizados llegaron a las inmediaciones de La Paz a comienzos de mayo, manteniendo como una de sus principales demandas la eliminación de la ley.

El conflicto terminó vinculándose con un escenario de mayor conflictividad social, en medio de bloqueos de carreteras y otras demandas planteadas por sectores campesinos y la COB.

La Asamblea Legislativa comenzó entonces a tramitar la abrogación de la Ley 1720. El proyecto fue aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados y posteriormente remitido al Senado.

Finalmente, después de las modificaciones realizadas durante el trámite legislativo, la norma fue sancionada y el 13 de mayo de 2026 Rodrigo Paz oficializó su abrogación.

Ahora, meses después, el Gobierno enfrenta nuevamente un pedido de abrogación, esta vez contra el Decreto Supremo 5676.

Este martes, ante el anuncio de un bloqueo en el ingreso al municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, autoridades del Gobierno llegaron hasta la sede de la Federación de Interculturales para intentar evitar las medidas de presión.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, acompañado por el vicepresidente de YPFB, Víctor Hugo Blacud, señaló que acudieron al lugar con el objetivo de buscar una solución al conflicto.

La autoridad reconoció que el Decreto Supremo 5676 está generando dificultades en su aplicación y afirmó que el gabinete ya conoce la situación.

“El decreto supremo que ha sacado el Gobierno, efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación. Yo he informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está, ¿por qué?, porque no ha cumplido su objetivo”, manifestó Paredes.

Según explicó, el objetivo de la norma era que los grandes consumidores puedan traer su propio diésel, mientras se garantizaba a los pequeños productores el acceso al combustible a un precio subvencionado. Sin embargo, reconoció que se presentaron problemas durante su aplicación.

“Este decreto tiene que ser abrogado, tiene que ser modificado”, afirmó el viceministro.

De esta manera, la presión de los sectores movilizados vuelve a colocar al Gobierno ante la posibilidad de modificar o dejar sin efecto una de sus medidas económicas. La posición oficial sobre el futuro del Decreto Supremo 5676 será conocida en las próximas horas.