En medio de una creciente tensión territorial, el gobernador del departamento de Beni, Alejandro Unzueta, ha lanzado una contundente advertencia al Gobierno central, exigiendo la abrogación de la Ley 846 de delimitación territorial. Esta ley, según Unzueta, afecta gravemente los límites territoriales del Beni al considerar erróneamente a 19 comunidades benianas como parte de Cochabamba.

En un acto público, Unzueta explicó que la Ley 846, promulgada el 25 de octubre de 2016, está provocando la pérdida de más de 1.200.000 hectáreas de tierras benianas. La autoridad gubernamental denunció que la norma, que delinea los límites interdepartamentales entre Cochabamba y Santa Cruz, ha sido impuesta de manera "encubierta", "clandestina" y "trucha", tramitada a espaldas del departamento de Beni por parlamentarios cochabambinos en 2015.

"Ya el mapa de Bolivia donde está el Beni ya tiene que ser chuto", expresó Unzueta, haciendo hincapié en las consecuencias perjudiciales que la aplicación de la Ley 846 tendría para el departamento después del Censo Nacional de Población y Vivienda programado para el 23 de marzo.

El gobernador beniano aseguró que, si la norma no es modificada, 19 de las 21 comunidades indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure serán transferidas a Cochabamba. En un llamado a la unidad, Unzueta instó a la población beniana a no censarse hasta que la Ley 846 sea abrogada, convocando a la defensa de los límites territoriales del departamento.

"La Gobernación del departamento de Beni solicita al Gobierno nacional que interponga los buenos oficios porque el Beni no se censa si no se delimita. Esta ley sesgada, donde definen límites para formar la provincia Chapare; nos quita un millón de hectáreas", enfatizó Unzueta.

Con el Censo Nacional de Población y Vivienda a la vuelta de la esquina, la situación territorial en Beni añade una capa adicional de complejidad a la realización de este importante evento. Los resultados poblacionales se esperan para fines de agosto, mientras que los datos generales se conocerán hasta fin de año, dejando a la espera de una resolución a aquellos que temen las consecuencias de la Ley 846 en el tejido territorial del departamento beniano.