Un nuevo hecho de avasallamiento se denunció este viernes en el predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Según detalló el abogado Álvaro La Torre, personas armadas y encapuchadas, presuntamente identificadas como interculturales y sospechosos de ser recurrentes en este tipo de ilícitos, ingresaron por la fuerza a la propiedad, dejando hasta el momento una cantidad indeterminada de hectáreas afectadas. Este suceso ha generado duras críticas por parte de líderes cívicos, académicos y parlamentarios respecto a la falta de una respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó abiertamente la "burocracia" interna de la Policía Boliviana para proceder con los operativos de desalojo. Explicó que la institución del orden no actúa de forma autónoma debido a que obedece a una cadena de mandos dependiente del Ministerio de Gobierno y de la propia Presidencia del Estado, lo cual frena las intervenciones oportunas. Cochamanidis sostuvo además que el grupo de avasalladores aprovechó estratégicamente que la Policía no puede transitar ni llegar hasta el lugar debido al bloqueo de carreteras que se mantiene activo en el municipio de San Julián, por lo que exhortó al Gobierno a dar una solución legal y legítima frente a estos atropellos.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reineiro Vargas, coincidió en que la dependencia directa de la Policía con el Ministerio de Gobierno dificulta una reacción rápida, y advirtió que estos grupos operan de forma delincuencial y unida bajo la lógica del tráfico de tierras, recurriendo a la extorsión y la destrucción. Ante este panorama, la autoridad universitaria propuso la necesidad de activar guardias departamentales o municipales como una alternativa viable para contar con una posibilidad de reacción inmediata en las regiones afectadas.

A las críticas se sumó el diputado de Libre, Rafael López, quien calificó estas acciones como el proceder de una "red criminal" que viola la Constitución Política del Estado. El asambleísta lamentó las limitaciones institucionales y cuestionó que, en muchas ocasiones, son los mismos propietarios afectados quienes deben costear y movilizar económicamente los recursos para que la Policía pueda activar los operativos correspondientes, exigiendo que se aplique la normativa vigente sin ninguna tolerancia hacia estos grupos.