El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, ha presentado una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acusando a tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales de no haber abordado adecuadamente los incendios forestales que actualmente azotan el país, calificados como un desastre ecológico.

La acción legal se dirige contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro.

También están implicados los gobernadores de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui; y de Pando, Regis Germán Richter Alencar, así como los alcaldes de los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.

Callisaya Aro argumenta que la falta de respuesta efectiva por parte de estas autoridades ha contribuido a la proliferación de los incendios, exacerbando la crisis ambiental. Los incendios han devastado grandes áreas de vegetación, poniendo en peligro la biodiversidad y afectando a las comunidades locales.

El Defensor del Pueblo sostiene que la falta de acción coordinada y eficiente para controlar y mitigar los incendios refleja una grave negligencia por parte de las autoridades responsables. La denuncia busca que se tomen medidas inmediatas para enfrentar la emergencia y evaluar las responsabilidades de los funcionarios implicados.

La acción popular incluye datos desde 2019 que muestran un incremento en los focos de calor y destaca la falta de prevención y reacción efectiva ante la crisis actual.

Callisaya Aro enfatiza la urgencia de una respuesta gubernamental eficaz y coordinada para abordar esta grave situación, que ha suscitado una profunda preocupación entre los ciudadanos y ha evidenciado deficiencias en la gestión de emergencias.