La Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Defensorial N.º DP/SSP/RD/2025/13, en la que concluye que el Estado boliviano incumplió su obligación de implementar de manera eficaz el indulto establecido en el Decreto Presidencial N.º 5460, situación que mantiene sin cambios el grave problema de hacinamiento en el sistema penitenciario del país.

La investigación defensorial se inició tras recibir denuncias de 29 personas privadas de libertad de 11 recintos penitenciarios, quienes alertaron sobre la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a sus solicitudes de certificación, requisito indispensable para iniciar el trámite del indulto. La Defensoría constató que, luego de casi dos meses de vigencia del Decreto, ninguna persona fue beneficiada, pese a que existen alrededor de 3.000 solicitudes pendientes en el TSJ y aproximadamente 700 en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.

En su análisis contextual, la Resolución advierte que el sistema penitenciario boliviano alberga a más de 33.000 personas, a pesar de contar con una capacidad instalada para solo 15.598, lo que configura un hacinamiento crítico que afecta gravemente la salud y el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Esta situación se ve agravada por la insuficiente atención médica, reflejada en que más del 90% de las muertes en centros penitenciarios se deben a enfermedades.

La Defensoría recordó además que instancias internacionales como el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el hacinamiento y las condiciones indignas de detención pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contravención a estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado boliviano.

Entre las conclusiones de la Resolución Defensorial se establece que el Estado no adoptó medidas eficaces para implementar el indulto y reducir el hacinamiento carcelario. Asimismo, señala que el Tribunal Supremo de Justicia y los nueve Tribunales Departamentales de Justicia incurrieron en una demora prolongada e injustificada, de casi dos meses, en la emisión de certificaciones necesarias para acceder al beneficio. También se advierte que el TSJ no asumió acciones adecuadas para informar de manera organizada, veraz y confiable sobre el avance de los trámites, generando incertidumbre y ambigüedad respecto a los plazos reales.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones urgentes dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, a los Tribunales Departamentales y al Consejo de la Magistratura, instándolos a agilizar los trámites y a determinar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de establecer responsabilidades penales por los incumplimientos identificados.

Asimismo, recomendó al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario, adoptar una estrategia nacional y departamental articulada con las instituciones judiciales para viabilizar de manera ágil y efectiva los trámites de indulto. Al Ministerio de la Presidencia le sugirió considerar los hallazgos de la Resolución Defensorial en futuros desarrollos normativos, garantizando celeridad, oportunidad y accesibilidad del beneficio.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó que remitirá la Resolución Defensorial a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, como parte de su labor de vigilancia y garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria.