El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, afirmó que Bolivia atraviesa un “momento crucial” y “límite” para encarar una reforma estructural de la justicia, aunque evitó adelantar una posición sobre la detención del Fiscal General y otras autoridades judiciales.

Consultado por ERBOL sobre estos hechos, Del Granado señaló que la Comisión de Constitución deberá analizar el desarrollo de los acontecimientos antes de emitir una opinión. Explicó que cualquier posición será asumida de manera colectiva y en consulta con los integrantes de la comisión.

“No quiero adelantar un criterio al respecto. Somos cabeza de la Comisión de Constitución y seguramente vamos a tener una participación activa en este tema”, afirmó el legislador.

Del Granado vinculó la actual coyuntura del sistema judicial con la necesidad de discutir cambios estructurales. Según planteó, una reforma judicial debería contemplar un incremento del presupuesto destinado al sistema y modificaciones en los mecanismos de selección y designación de los operadores de justicia.

El diputado afirmó que actualmente el Órgano Judicial dispone de entre el 0,4% y el 0,5% de los recursos, porcentaje que, según su valoración, limita la capacidad del sistema para atender las necesidades de la población. También señaló que el país cuenta con “apenas 1.000 jueces, 500 fiscales” y condiciones que calificó como precarias para atender a 11 millones de bolivianos.

Entre sus propuestas, Del Granado planteó la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones para modificar los mecanismos de selección de autoridades judiciales y reducir la participación de los niveles político-partidarios de la Asamblea Legislativa en estos procesos.

“Estamos planteando una Comisión Nacional de Postulaciones integrada por organizaciones de la sociedad civil, la prensa, organizaciones vinculadas a los sectores sociales. Cómo no, la participación legislativa también es importante”, explicó.

La propuesta de reforma judicial de Del Granado contempla, entre sus ejes, el incremento progresivo del presupuesto del Órgano Judicial y la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones. Estos planteamientos ya fueron socializados con distintos sectores como parte del proceso legislativo.