Legisladores de distintos partidos consideran que las leyes “estructurales” anunciadas por el Gobierno podrían tener un efecto limitado si antes no se modifica la Constitución Política del Estado (CPE). El planteamiento surge antes de que el Ejecutivo envíe el primer anteproyecto de Ley de Inversiones.

El diputado Carlos Alarcón, de Unidad, sostuvo que los principales obstáculos para el desarrollo de sectores estratégicos de la economía se encuentran en la Constitución. Según explicó, identificó 18 artículos que, a su criterio, contienen restricciones que deberían ser modificadas para que las nuevas leyes tengan un mayor alcance.

“Los problemas de los sectores estratégicos para el desarrollo de la economía están en la Constitución”, afirmó Alarcón, quien señaló que, de no modificarse estos aspectos, las nuevas normas podrían convertirse solamente en medidas paliativas.

En la misma línea, la diputada Ana María Quiroga, de Libre, afirmó que las leyes por sí solas no brindarían la seguridad jurídica que requieren las empresas privadas para invertir en el país.

La legisladora sostuvo que existe preocupación entre los inversionistas por antecedentes como la nacionalización de empresas durante el Gobierno de Evo Morales en 2006. En ese sentido, consideró necesaria una reforma constitucional para generar mayores condiciones de seguridad jurídica.

Quiroga también cuestionó que, pese a que el Gobierno anunció desde el inicio de su gestión la elaboración de normas destinadas a garantizar las inversiones, hasta ahora continúan los anuncios sobre la presentación de estas leyes y, según señaló, no se ha aprobado una norma de esas características.

¿Qué establece la Constitución?

El artículo 411 de la Constitución Política del Estado establece dos mecanismos para modificar la Carta Magna. El primero contempla una Asamblea Constituyente cuando la reforma involucra las bases fundamentales de la Constitución.

La segunda vía corresponde a una reforma constitucional mediante el Parlamento. En ambos casos, la modificación debe ser sometida posteriormente a un referéndum constitucional, en el que la población debe aprobar o rechazar los cambios planteados.

El debate legislativo se produce mientras el Gobierno prepara el envío de su primer anteproyecto de Ley de Inversiones, en un contexto en el que diputados plantean que las modificaciones constitucionales deberían ser consideradas previamente para garantizar el alcance de las futuras normas.