Un representante del magisterio rural en La Paz realizó la restitución pública de un millón de bolivianos correspondientes a los aportes de su sector, con el fin de demostrar que no tuvo participación en un presunto desfalco económico denunciado semanas atrás. La entrega del dinero fue verificada por un legislador nacional, quien anteriormente había alertado sobre un faltante mayor dentro de la organización.

El dirigente explicó que parte de los recursos manejados fueron destinados al pago de aportes pendientes a jubilados, cuyos desembolsos por cuotas suman montos elevados. Indicó que su intención era continuar cumpliendo con estas obligaciones, pero las acusaciones en su contra derivaron en ataques, amenazas y un ambiente de hostilidad que lo llevó a detener los pagos.

Durante su declaración, también mencionó que una fracción del dinero fue transferida a otro miembro del sector para actividades internas, sin que este último haya presentado los descargos correspondientes. Debido a la falta de claridad, decidió reintegrar la totalidad del monto bajo su administración y hacerlo de manera pública en El Alto, donde mostró el dinero antes de depositarlo en una entidad financiera.

El legislador que presenció la entrega destacó la acción y llamó a que otros involucrados también aclaren su situación. El caso continúa en revisión mientras se determina el destino final de los fondos observados.