El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, fue declarado rebelde por la Justicia, quedando expuesto a medidas cautelares que, según la Fiscalía, habilitan la posibilidad de iniciar un proceso de extradición desde Brasil. La información fue confirmada por el fiscal del caso Botrading, Omar Yujra, tras la audiencia de medidas cautelares que debía realizarse este miércoles.

“El Ministerio Público ya cuenta con todos los requisitos para promover su extradición, en caso de que corresponda”, señaló Yujra a su salida de tribunales. La audiencia fue instalada por el Juzgado Quinto Anticorrupción de La Paz, pero Dorgathen no se presentó, motivo por el cual la autoridad judicial declaró su rebeldía y ordenó su aprehensión, arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.

Dorgathen fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en el marco de nueve presuntas irregularidades vinculadas a la creación de Botrading S.A., una empresa constituida en Paraguay con capital de YPFB Corporación y otras subsidiarias de la estatal petrolera.

Según la imputación presentada el 5 de diciembre de 2025, tras la revisión de 38 contratos y diversas transacciones entre YPFB Corporación y Botrading S.A., el daño económico estimado al Estado podría ascender a 857 millones de dólares.

Durante la audiencia, se informó que el exejecutivo presentó un memorial solicitando la suspensión del acto judicial, alegando que estaría tramitando refugio político, presuntamente en Brasil. Sin embargo, el fiscal aclaró que dicho pedido fue desestimado por no presentar elementos idóneos ni haber sido canalizado por las vías formales, como la Cancillería.

En este primer proceso, nueve personas están sindicadas: tres cuentan con medidas cautelares y cinco fueron imputadas junto a Dorgathen.

La investigación también contempla la declaración de la ciudadana paraguaya Sandra Otazú, presidenta de Botrading S.A. La Fiscalía sostiene que ella y otros dos abogados habrían operado desde Paraguay para vender combustible a YPFB Corporación con un presunto sobreprecio, pese a no contar con logística internacional adecuada. El pedido de cooperación internacional para su citación permanece pendiente en la Cancillería desde octubre de 2025.

En paralelo, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, confirmó la admisión de una segunda denuncia denominada “Caso Botrading II”, en la que se investigan hechos distintos, relacionados con un presunto préstamo irregular de 80 millones de dólares de YPFB Refinación S.A. a la empresa paraguaya. En este nuevo proceso se investigará a más de 20 personas, incluidos exmiembros de directorio de la estatal petrolera.