El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la fecha de las elecciones judiciales para el domingo 15 de diciembre de 2024, luego de una sesión multipartidaria que congregó a líderes políticos y representantes estatales. En el encuentro, el TSE reafirmó su decisión de llevar adelante el proceso electoral para renovar autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a pesar de la reciente sentencia constitucional 0770/2024, que declaró desiertas las elecciones para varios cargos en regiones como Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz, y Tarija.

La sentencia en cuestión fue catalogada por el TSE como una “flagrante violación del principio de preclusión”, una de las bases del sistema electoral en Bolivia. Al respecto, el presidente del TSE, Óscar Abel Hassenteufel, fue enfático al rechazar la intervención judicial que, según indicó, compromete la estabilidad y certidumbre del proceso electoral. “Reafirmamos la realización de las elecciones el 15 de diciembre con el respaldo pleno de las fuerzas políticas y estatales. Esta decisión no solo protege el proceso democrático, sino también el derecho de los ciudadanos a renovar a las autoridades judiciales”, sostuvo Hassenteufel.

Durante la sesión, líderes de distintos partidos políticos, el vicepresidente David Choquehuanca, representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y autoridades del Senado expresaron un respaldo unánime al trabajo del TSE y al desarrollo del proceso electoral judicial. Este apoyo incluye la exigencia de que el órgano Ejecutivo garantice el financiamiento necesario para el proceso y para la posesión de las autoridades electas en 2024. Hassenteufel mostró el documento con las firmas de todos los asistentes, destacando la unidad y compromiso para la defensa del proceso electoral.

Además, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa emitir un pronunciamiento formal en rechazo a la sentencia constitucional, que ha sido interpretada como un intento de interferencia en el proceso de elección de jueces y magistrados. “La Asamblea debe ratificar el respaldo que requiere el Órgano Electoral para llevar adelante este proceso histórico y fortalecer el estado de derecho en el país”, declaró Hassenteufel, resaltando la importancia de la colaboración de los órganos del Estado en el proceso.

La reunión también trajo a la mesa la revisión y posible modificación de la Ley 044, la cual establece procedimientos para el juzgamiento de altos mandos del Estado y del Órgano Judicial, incluyendo ahora a los vocales del TSE. El TSE mantuvo, sin embargo, que no será necesaria una ley corta para salvaguardar las elecciones, sino que se actuará conforme a las leyes vigentes, fortalecidas por el apoyo político y social.

La vigencia de la Ley 1549, diseñada para regular las elecciones judiciales de este año, también fue ratificada, lo que permitirá que el proceso continúe con el blindaje institucional necesario y bajo los plazos y condiciones previamente estipulados.

Con estos acuerdos, el TSE aseguró que todos los elementos están en marcha para que los ciudadanos acudan a las urnas el 15 de diciembre y elijan a sus representantes judiciales, un paso clave en el fortalecimiento de la independencia judicial y en la consolidación de la democracia boliviana.