El hallazgo de más de 700 kilos de cocaína impregnados en un cargamento de madera boliviana en el puerto chileno de Arica destapó la posible existencia de una red criminal transnacional con conexiones en Europa, Estados Unidos, China, Israel y Uruguay. La empresa implicada en la exportación ejecutó al menos 152 envíos de madera desde 2018, principalmente con destino a España, desde donde la mercadería pudo ser redistribuida a otros países europeos.

De acuerdo con los avances de la investigación, la firma exportadora estaba liderada por empresarios de nacionalidad española. Estos datos preliminares fueron analizados esta semana durante una reunión realizada en Arica, con la participación del especialista español Felipe Rubio, a cargo de una delegación de la Guardia Civil Española, además de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, quien encabezó la delegación boliviana, informó que se activó un sistema de cooperación internacional para frenar el tráfico ilícito de cocaína que sale del país. Las autoridades reforzaron la hipótesis de que existen serias evidencias de una estructura criminal con alta capacidad logística y financiera, capaz de operar a gran escala mediante métodos sofisticados.

Justiniano explicó que el contenedor intervenido fue identificado antes de ser abierto mediante el uso de inteligencia artificial, matrices de riesgo y análisis de laboratorio, ya que la droga no podía ser detectada por canes antidroga ni por inspecciones físicas tradicionales. La cocaína estaba químicamente impregnada en la madera, una técnica altamente especializada que vuelve prácticamente invisible la sustancia durante los controles habituales.

El caso se remonta al 22 de noviembre, cuando un operativo denominado Mercurius, ejecutado en el puerto de Arica por el Servicio Nacional de Aduanas, la PDI y la Policía Marítima de la Armada de Chile, permitió intervenir un contenedor con 19,5 toneladas de madera que había salido desde Santa Cruz con destino final a Barcelona. Un peritaje científico confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína impregnado en la madera, lo que representa un salto cualitativo en las modalidades del narcotráfico internacional.

A raíz del decomiso, se identificó a la empresa Export Mader Bolivia SRL como responsable del envío. Sus principales accionistas, dos ciudadanos españoles identificados como Manuel P.A. y Eduardo J.M., abandonaron territorio boliviano en 2023 y en diciembre de 2025, respectivamente.

Como resultado de este caso, Bolivia y Chile conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por fiscalías, fuerzas policiales y aduanas. A esta alianza se sumó la Fiscalía de España, con el objetivo de seguir la ruta de los cargamentos, frenar el ingreso de sustancias precursoras y golpear a las mafias internacionales vinculadas al narcotráfico.