La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), junto a la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) y la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), expresaron su rechazo a los bloqueos y restricciones que impiden el transporte de cemento desde la Unidad de Cemento de la Cooperativa Multiactiva Coboce.

Estos bloqueos afectan el despacho de 2.500 toneladas diarias de cemento, lo que frena el suministro para proyectos de infraestructura pública, vivienda y desarrollo comunitario en la región y el país.

En un pronunciamiento empresarial, las instituciones defendieron el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la estabilidad productiva en Cochabamba, señalando que el conflicto se origina en presiones corporativas que condicionan la logística de distribución y exigen beneficios contrarios a la normativa y gestión empresarial.

El documento advierte que esta situación vulnera principios esenciales para la actividad productiva formal, como la libertad de empresa, la libertad de contratación, la seguridad jurídica, la continuidad operativa y la preservación del empleo formal.

Además, se señala que el sector construcción representa cerca del 4% del PIB departamental, equivalente a 1.700 millones de bolivianos anuales, y está compuesto por 9.617 empresas que generan 132.270 empleos formales. La Población Económicamente Activa vinculada al rubro alcanza las 401.000 personas, en un contexto donde los costos generales del sector se incrementaron entre 20% y 25% en el primer semestre del año.

El pronunciamiento destaca que la construcción impulsa cadenas productivas hacia atrás, demandando insumos de industrias como acero, madera, transporte y servicios, por lo que la interrupción de su logística genera un impacto multiplicador negativo sobre la competitividad, la inversión y la generación de empleo.

Asimismo, advierte que permitir que estas prácticas se consoliden como mecanismo de presión sienta un precedente grave que inhibe la inversión privada, debilita la seguridad jurídica, limita la organización libre de la logística empresarial, compromete el abastecimiento interno, pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y aumenta la presión inflacionaria, afectando a la población.

Por último, la FEPC demanda a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para restablecer la libre circulación de insumos estratégicos y garantizar el respeto a la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo.

Las instituciones reiteran su disposición a participar en un diálogo técnico y constructivo, basado en la ley, para proteger el desarrollo regional, la competitividad del sector productivo y el bienestar de las familias que dependen de estas actividades.