La crisis social y política que atraviesa el territorio nacional alcanza su punto más crítico y trágico. Al cumplirse cinco semanas de bloqueos indefinidos promovidos por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario Evo Morales, se confirmó que la cifra de víctimas mortales ligadas directamente al conflicto ascendió a diez personas. En paralelo, el Órgano Ejecutivo denunció formalmente un proceso de desestabilización democrática mediante supuesta injerencia extranjera.

Crisis sanitaria en las rutas: Pacientes oncológicos y transportistas entre las víctimas La jornada de este martes estuvo marcada por reportes desgarradores que exponen las consecuencias humanitarias del cerco caminero, ensañándose con los sectores más vulnerables de la población:

Caso de menor oncológica: Rubén Ticona, miembro de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (Avcci), confirmó el deceso de una niña de 12 años que residía en Tambo Quemado (Oruro). La menor requería ser evacuada de emergencia a la sede de Gobierno para recibir sesiones de radioterapia en el Hospital del Niño, traslado que fue imposibilitado por los cortes de ruta.

Caso de paciente de 24 años: Paralelamente, la responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro, Paola Navarro, informó sobre la muerte de otra paciente oncológica de 24 años. La joven perdió la vida en el trayecto hacia La Paz debido a que la ambulancia que la transportaba se vio obligada a desviar por rutas alternas precarias para esquivar los bloqueos, perdiendo horas vitales para su asistencia.

Fallecimiento de chofer de carga pesada: El drama también golpeó al sector del transporte internacional. El conductor de un camión de alto tonelaje, oriundo de Cochabamba, falleció tras permanecer 32 días atrapado de forma precaria dentro de su vehículo en un punto de bloqueo. Su esposa, Zulema Ramos, relató entre lágrimas que su cónyuge enfermó en la ruta y gastó sus últimos recursos económicos rogando a los manifestantes que le permitieran el paso, sin éxito.

CIDH externa preocupación ante informe de la Defensoría del Pueblo Estas tres nuevas muertes se suman a las siete víctimas que ya habían sido tipificadas previamente por la Defensoría del Pueblo. Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado oficial expresando su profunda preocupación por la preocupante escalada de la violencia e instó de forma vehemente al Gobierno y a los huelguistas a priorizar una salida concertada.

De acuerdo con el desglose del ente defensorial, de los primeros siete decesos oficiales, cuatro se debieron a la falta de atención médica oportuna a causa de la intransitabilidad vial, uno por impacto de proyectil de arma de fuego durante un operativo policial de despeje de rutas, y dos corresponden a personas movilizadas cuyas circunstancias específicas continúan bajo investigación. La CIDH recordó que, si bien la protesta es un derecho legítimo, los bloqueos prolongados vulneran de gravedad los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.

Cancillería denuncia injerencia extranjera e intentos de desestabilización En el plano político, el canciller del Estado informó ante los medios que se están ejecutando las acciones legales correspondientes para gestionar la "salida inmediata" de ciudadanos extranjeros que fueron plenamente identificados participando de forma activa en las movilizaciones internas. Para la autoridad, esto constituye una prueba fehaciente de un plan foráneo para desestabilizar la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Desde el Ejecutivo se aludió de forma directa a la presencia de los activistas políticos argentinos Sebastián Copello (afiliado al Partido Obrero - Frente de Izquierda), quien intervino en una reunión orgánica de la COB, y de Mercedes Trimarchi (vinculada a Izquierda Socialista), quien abandonó territorio nacional tras recibir duras críticas y advertencias de las autoridades del área migratoria.

Parálisis en el diálogo y debate sobre adelanto de referéndum Las movilizaciones, concentradas en siete de los nueve departamentos del país, mantienen cerradas las vías de abastecimiento de carburantes, alimentos de primera necesidad y oxígeno medicinal. Los esfuerzos gubernamentales realizados a mediados de mayo para habilitar "corredores humanitarios" mediante el uso de las fuerzas del orden fracasaron tras derivar en duros enfrentamientos, suspendiéndose dichas operaciones operativas.

De igual manera, todas las mesas de negociación planteadas por la Iglesia católica, la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos permanecen estancadas ante la postura inflexible de la COB y los sectores evistas, quienes condicionan cualquier acercamiento a la renuncia inmediata del mandatario. Ante el vacío de soluciones y la crisis institucional, algunos sectores políticos pusieron sobre la mesa la propuesta de adelantar un referéndum revocatorio de mandato que incluya a parlamentarios y al vicepresidente Edmand Lara; alternativa que fue rechazada de forma contundente por este último al calificarla como una medida netamente anticonstitucional.